05/30/2013—(COMUNICADO DE PRENSA) Sólo horas después
de que la Corte Suprema de El Salvador negara un aborto para salvarle la vida a
una mujer con serias complicaciones en su embarazo, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha ordenado a las autoridades de El Salvador que le permitan a
su equipo médico tomar las medidas médicas necesarias para proteger su vida, su
integridad personal y su salud.
“Beatriz,” una mujer salvadoreña de 22 años con 5
meses de embarazo que sufre complicaciones relacionadas con el lupus y la
enfermedad renal de que padece, está embarazada con un feto inviable por ser
anencefálico (sin cerebro). Beatriz solicitó autorización para que el personal
médico pudiera realizarle un aborto sin temor a ser procesado penalmente, dado
que el embarazo está poniendo en riesgo su salud y su vida.
Con la decisión obligatoria de la más alta Corte de
derechos humanos de la región el día de hoy, los médicos de Beatriz podrán
prontamente tomar todas las medidas necesarias para darle el tratamiento médico
que necesita.
Lilian Sepúlveda, directora
del programa legal global del Centro de Derechos Reproductivos manifestó:
“La decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha finalmente traído una dosis de justicia
para Beatriz y reforzado lo que las y los activistas de derechos humanos han
venido diciendo: denegar a las mujeres un tratamiento médico necesario es una
violación de sus derechos humanos”.
“Es deplorable que Beatriz sufra por tanto tiempo mientras el Estado
falla por completo en proteger su salud, su vida y sus derechos”.
En una reciente decisión contra la larga prohibición
de Costa Rica de la fertilización in vitro –que impidió por casi 12 años a
muchas personas construir una familia - la Corte Interamericana de Derechos Humanos
determinó que obstruir el acceso a servicios de salud reproductiva viola el
derecho humano de las mujeres a no ser discriminadas.
La criminalización del aborto en El Salvador es una de
las más extremas en el mundo – prohíbe el procedimiento aun cuando sea
necesario para salvar la vida de la mujer embarazada e impone sanciones penales
severas a las mujeres y a los médicos. Bajo la ley salvadoreña, cualquier
persona que realiza un aborto con el consentimiento de la mujer o una mujer que
se auto-induce o que consiente a otra persona a inducir el aborto, podría ser
encarcelada hasta ocho años. En realidad la mayoría de las mujeres acaban
siendo perseguidas y condenadas por homicidio agravado, que se castiga con
hasta 30 años de prisión.
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado por
más de 12 años para exponer las consecuencias que la prohibición del aborto en
El Salvador tiene en la vida de las mujeres. El 21 de marzo de 2012, el Centro
y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético
y eugenésico de El Salvador presentó un caso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en nombre de “Manuela,” una mujer que fue condenada a 30 años
de prisión después de tener complicaciones obstétricas. Manuela, quien padeció
de línfoma de Hodgkin y que no recibió el tratamiento médico adecuado para la
enfermedad, murió menos que un año después de ir a la Cárcel de Mujeres de
Ilopango.
